Ópticas gallegas llevan el alza retroactiva del IVA en las gafas al tribunal económico
Tributos interpretó que las monturas debían pagar el 21% y no el 10% y los fabricantes reclaman ahora la diferencia -El golpe para el sector en Galicia puede llegar a 12 millones
Julio Pérez Vigo 11.06.2017 | 02:31

De la noche a la mañana, las más de 600 ópticas que hay en Galicia, unas 10.000 en toda España, se encontraron con la desagradable sorpresa de que sus proveedores les reclamaban una subida del IVA en la montura de las gafas con carácter retroactivo por los dos últimos años. El sector desconocía la existencia del incremento del 10% al 21% porque, entre otras razones, el cambio normativo que teóricamente las encareció no lo concreta y las grandes empresas de distribución siguieron facturando a las ópticas al tipo más pequeño. La situación ha creado una enorme polémica y deja en una delicadísima situación económica a los establecimientos. El impacto estimado podría llegar a los 200 millones de euros y en Galicia entre seis y los doce millones. Profesionales de la comunidad están acudiendo ya al Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) para paralizar las devoluciones.
La reforma fiscal impulsada por el Gobierno en 2014 incluyó “las gafas, las lentes de contacto graduadas y los productos necesarios para su uso, cuidado y mantenimiento” entre los productos gravados al tipo reducido del 10%. Fue, de hecho, uno de los grandes anuncios en aquel momento del Ministerio de Hacienda. La consulta dos años después de una empresa a la Dirección General de Tributos cambió la interpretación que el sector venía haciendo de la ley. El departamento dirigido por Cristóbal Montoro concluyó que ese 10% era exclusivamente para las gafas con cristales graduados y que la montura por sí sola tenía que tributar al 21%. Más del doble.
En la práctica esto supone que los fabricantes y las distribuidoras venden las monturas a los comercios al 21% y estos, una vez colocados los cristales graduados, aplican solo el 10% al comprador.
“Es que no tiene sentido”, se queja Pilar Álvarez Diz, óptica de Vigo y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Óptica y Profesionales (ANEOP), creada recientemente para representar al colectivo a raíz de la problemática abierta por el alza retroactiva del IVA.
La ley no diferencia entre gafas graduadas y las que no lo están. Sí lo hace expresamente, recuerdan en la asociación, en las lentillas. Para los afectados es “muy llamativo” que se haga precisamente ahora esa “interpretación restrictiva” de la ley porque la redacción anterior al cambio de 2014 hablaba de “gafas graduadas” y tanto la Agencia Tributaria como todas las consultas realizadas a la Dirección General de Tributos coincidían en que la montura iba al tipo reducido. Como, por cierto, vuelve a aparecer en la nueva modificación de la ley del IVA que acompaña al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2017, recién aprobado por el Congreso.
“Cuando en 2014 circularon rumores de la posible subida, a nosotros los proveedores nos dijeron que ellos no tenían constancia y la facturación siguió al 10%. ¡Nadie sabía nada!”, cuenta Pilar Álvarez. El “palo” para muchos establecimientos es “duro”. “Las tiendas pequeñas no pueden afrontar estos gastos animales -añade- y van a tener que cerrar. Nos lo están diciendo”.
Las reclamaciones de los distribuidores y fabricantes varían, claro está, en función de la facturación con cada establecimiento, pero, según los ópticos afectados, en una óptica media puede rondar los 10.000 euros tranquilamente. “Es sangrante. Si tú sabes esto, lógicamente no pides ningún crédito para ampliar tu negocio o abrir uno nuevo, como hicieron profesionales que yo conozco”, señala Álvarez.
La situación es especialmente compleja en las tiendas con recargo de equivalencia, el régimen especial del IVA de los comercios minoristas: los proveedores se encargan de las facturas trimestrales del IVA a cambio de un suplemento que va del 0,5% al 5,2%. Así funcionan la mayoría de las ópticas gallegas, el 70%. Las que son sociedades limitadas disponen de un mayor margen de maniobra para afrontar las reclamaciones porque evitan el recargo.
“A las administraciones se les llena la boca con el apoyo al pequeño comercio y nos encontramos luego con cosas como esta. Está claro que así ni podemos funcionar ni crear puestos de trabajo”, afirma Pilar Álvarez.

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